Lima, 17 mar (Prena Latina) Ciudadanos y juristas peruanos criticaron hoy el rechazo del presidente del Parlamento, Alejandro Soto, al posible registro de las oficinas de 14 parlamentarios investigados por acuerdos irregulares con la exfiscal de la Nación.
El simple rumor de un allanamiento de los despachos de los legisladores indagados, entre los que está Soto, dio lugar a la reacción airada del titular del Legislativo, según el cual sería muy grave que el rumor sea cierto.
«Como presidente del Congreso, garantizaré la seguridad de las instalaciones del Parlamento, no permitiré una intromisión de esta naturaleza en el primer poder del Estado», agregó.
Las redes de Internet difunden una avalancha de críticas a Soto por su actitud y palabras de aliento a la fiscal Suprema Delia Espinoza para que proceda con los allanamientos, si lo considera legal y lo aprueba un juez.
La dirigente del Colegio de Abogados de la región surandina de Cusco, Ruby Romero, recordó que un allanamiento solo requiere de una orden judicial y recordó que en los últimos años fueron allanadas las oficinas de los entonces fiscales de la Nación, Patricia Benavides y Pedro Chávarry, por sendas investigaciones.
«Peligrosa actitud del presidente del Congreso, frente a una indagación fiscal», dijo el periodista Carlos Hidalgo.
Otros comentarios apuntan que los fiscales allanaron también las oficinas de congresistas en 2022, por una investigación durante el pasado gobierno de Pedro Castillo, y hasta el despacho de este y la residencia presidencial fueron registradas por fiscales.
El jurista Jorge Zúñiga señaló que los 14 congresistas son indagados por pertenecer a una organización criminal, un delito común al que no cumbre la inmunidad parlamentaria.
Tanto Romero como Zúñiga advirtieron que si Soto llegara a impedir los posibles allanamientos, estaría cometiendo los delitos de obstrucción a la justicia y resistencia a la autoridad
De otro lado, continúan los cuestionamientos a la decisión de cinco de los 14 legisladores investigados, de denunciar a su vez a la fiscal a cargo de las pesquisas, Delia Espinoza, y pedir su inhabilitación por 10 años para el ejercicio de cargos públicos.
La acusan de investigarlos indebidamente porque, por su inmunidad parlamentaria, los legisladores solo pueden ser indagados por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, quien declinó hacerlo por conflicto de intereses y dispuso que se haga cargo Espinoza, algo que ha ocurrido antes en situaciones similares.
Rechazan en Perú apoyo de presidente de Congreso a investigados
